El ARI propone prohibir el uso de tóxicos en minería

Un proyecto de ley plantea además un debate sobre las leyes provinciales de minería y los términos de adhesión de las reglamentaciones nacionales.La legisladora del ARI, Magdalena Odarda, presentó un proyecto de Ley por el cual pretende la "extensión de la prohibición del uso de cianuro, mercurio y otras sustancias tóxicas a las actividades de cateo, prospección y exploración minera".En los fundamentos del proyecto, la Legisladora cita como antecedente la ley recientemente votada en la provincia de Mendoza, en la que se prohíbe la actividad minera con uso de sustancias tóxicas y la preocupación planteada por productores de Pichifeufu que recibieron avisos de exploración en sus campos emitidos por la Dirección de Minería. Odarda señala que el bloque considera necesario discutir los alcances de la ley 3981, tomar conocimiento de los planteos de las organizaciones de vecinos, asambleas y ecologistas en relación a la actividad minera metalífera en el territorio provincial y debatir acerca de las leyes provinciales de adhesión a las nacionales sobre minería que aún se encuentran vigentes en el orden nacional". La legisladora señala además que "si bien la mencionada ley rionegrina fue pionera junto a otras leyes, en referencia a la prohibición en el uso de sustancias tóxicas como el cianuro y otros en la etapa de explotación e industrialización de metales, nada dice acerca de las actividades previas a la explotación, como son el cateo, exploración y/o prospección. En tal sentido resulta necesario, trabajar en pos de modificar esta ley en sus alcances, siendo prioritario dar respuesta inmediata a los pobladores de las zonas afectadas, alarmados por la presencia de las empresas en sus campos". Lo que propone esta Ley es extender la prohibición del uso de cianuro, mercurio y otras sustancias tóxicas aplicado hacia la minería en el territorio provincial de acuerdo a los alcances de la ley número 3981, a las actividades de cateo, prospección y exploración minera. Además prevé declarar nulos de nulidad absoluta, los permisos de cateo, prospección y exploración, así como toda actividad administrativa tendiente a la aprobación de los mismos, cuando los mismos favorezcan actividades mineras metalíferas extractivas a cielo abierto mediante el uso de cianuro o mercurio, así como de cualquier otra sustancia tóxica. Aspira además a suspender definitivamente la tramitación y otorgamiento de los permisos de cateo, prospección y exploración mencionados en el párrafo anterior, bajo pena de promover las denuncias penales y sanciones administrativas correspondientes para las empresas solicitantes y funcionarios públicos intervinientes.

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