REGALÍAS MINERAS: PROPONEN MODIFICAR LA DISTRIBUCIÓN DE LOS FONDOS

Viedma.- La legisladora Magdalena Odarda (ARI) presentó una iniciativa de ley que propone modificar la distribución de los fondos obtenidos de las regalías mineras, contemplada en la ley provincial 3.900.Actualmente, la normativa establece que el 50 por ciento de los fondos obtenidos como compensación pecuniaria por la extracción de los recursos mineros no renovables en Río Negro se destinan a Rentas Generales, el 30 por ciento a los municipios en los que se extraen los minerales y el 20 a la Dirección General de Minería. Lo que propone Odarda es que el 60 por ciento de los fondos se destinen a Educación y Salud Pública, el 30 por ciento vaya a los municipios en los que se extraen los minerales, y el 10 ingrese a la Dirección General de Minería. Por otra parte, la reforma propuesta contempla la incorporación de un artículo (13 bis) que norma sobre la distribución de fondos obtenidos por la explotación de hierro en cualquiera de sus modalidades.El proyecto propone que se asigne un 60 por ciento al Fondo de Financiamiento Docente, destinado a mejoras salariales para los docentes que dependen del Consejo Provincial de Educación, un treinta por ciento a los municipios en que se extraigan los minerales, y un 10 por ciento ingresará a la Dirección General de Minería.Para Odarda, “es importante señalar que los ingresos derivados por regalías mineras previstos en la ley 3.900, en relación con la explotación ferrífera, aún no se han concretado, por lo tanto, es imperioso otorgar un destino social al producido, en virtud de la no renovabilidad del recurso natural extraído”.Según explica la legisladora, Río Negro tendrá un aumento por la aplicación del incremento del canon petrolero, dispuesto por el gobierno nacional de 12 millones de pesos. Los nuevos valores petroleros actualizan índices nacionales fijados en el año 1991.Según se estima, en 2007 la recaudación es de 1.641.614 pesos por canon de exploración y explotación, que se transformará en 2008 en algo más de 13 millones, con la obligación de pago adelantado antes del 31 de enero próximo.“Es nuestro deseo que exista una política pública firme que se refleje en acciones que privilegien las obligaciones del Estado previstas en la Constitución nacional, que se plasme en hechos concretos y que sea la respuesta a la lucha llevada a cabo por un salario digno de todos los trabajadores del sector docente y la comunidad educativa en su conjunto”, concluye la parlamentaria.Fuente: Poder Legislativo

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