: "El gobernador de San Juan es el principal lobbysta que tienen las empresas mineras"

Diversas organizaciones sociales de Argentina y Chile debatirán sobre los proyectos mineros que los involucran y coordinarán acciones de lucha contra la minería a cielo abierto. En la localidad de Rodeo, Pcia . de San Juan, ambientalistas, sindicalistas y productores, entre otros actores sociales, se manifestarán por un desarrollo productivo sustentable para la región.

Este viernes comienza en la provincia argentina de San Juan, fronteriza con Chile, el “Encuentro Bi-nacional en Defensa de la Cordillera y el Agua”, en el que diversas organizaciones sociales de los dos países debatirán sobre los proyectos mineros que los involucran y coordinarán acciones de lucha contra la minería a cielo abierto. En la localidad de Rodeo, ambientalistas, sindicalistas y productores, entre otros actores sociales, se manifestarán por un desarrollo productivo sustentable para la región.
La elección de San Juan para la realización del encuentro tiene fuertes motivaciones. La provincia representa el “corazón” del sector minero de Argentina. Allí se ubica la mina de oro Veladero, en explotación hace más de dos años, y se planea construir el gigantesco proyecto Pascua Lama, de extracción de oro, plata y cobre, que también ocupará parte del territorio chileno, en la Cordillera de los Andes, por lo que es un proyecto bi-nacional. Los dos emprendimientos pertenecen a la transnacional de origen canadiense Barrick Gold Corporation.
Las Madres Autoconvocadas de la ciudad de Jáchal (San Juan), integrantes del Movimiento Barrios de Pie y del Frente Cívico por la Vida, entre otros, llegarán a Rodeo a participar de las actividades junto a los grupos locales y los representantes de organizaciones y movimientos de Chile. Sin embargo, varios grupos de ese país descartaron la posibilidad de concurrir al encuentro porque tiene entre los organizadores a la Cancillería argentina, según explicaron.
El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), con sede en Chile, la coordinación de organizaciones contra Pascua Lama de Santiago, la capital de ese país, y el Consejo de Defensa del Valle del Huasco, de la ciudad de Vallenar, entre otras, consideraron que “no es coherente que este primer encuentro tenga a funcionarios de Cancillería mediando”, según una carta que enviaron a los movimientos argentinos.
Los grupos chilenos expresaron su entera voluntad para realizar conjuntamente un “encuentro auténtico de comunidades afectadas por la entrega de la Cordillera de los Andes”. Pero “nuestras prganizaciones no se prestarán para manipulaciones ni del gobierno del Estado argentino, ni del chileno, pues consideramos que son un intento por cooptar, debilitar, dividir, corromper y deslegitimar la anhelada unión regional de lucha por la defensa de la Cordillera”, explicaron.
Las organizaciones de Chile expresaron además que las transnacionales mineras llegan a la zona fronteriza alentadas por “nuestras vergonzosas legislaciones que regalan las entrañas de nuestras montañas”. “No nos hace sentido trabajar con quienes han permitido esta dinámica perversa”, sentenciaron, en clara referencia a los gobiernos de los dos países.
En tanto, Silvia Ferreyra, del Movimiento Barrios de Pie-Libres del Sur de Argentina, quien está trabajando en la coordinación del encuentro bi-nacional, reconoció en entrevista cedida a Radio Mundo Real que no es fácil coordinar estrategias en ambos lados de la Cordillera. No obstante, la activista se mostró confiada en que el encuentro será exitoso y en que se fortalecerá la lucha contra la minería en la región. Se espera la llegada a la actividad de decenas de chilenos.
“La única posibilidad de dar esta pelea (contra la minería) la tenemos desde el campo popular y depende de los aciertos que logremos para trabajar en forma unificada y coordinada. Eso también es un desafío con los hermanos chilenos”, dijo Ferreyra a nuestros corresponsales en Argentina, Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik.
Ferreyra no tiene dudas: “el gobernador de San Juan (José Luis Gioja) es el principal lobbysta que tienen las empresas mineras”, afirmó. “Desde esa provincia se han gestado muchas de las leyes que se firmaron durante los 90, que permitieron que todas estas grandes empresas puedan desembarcar en nuestro país, con muchísimas ventajas, con todo lo que son esos tratados bi-nacionales usureros que se firmaron”, agregó.
En tanto, los activistas de ambos lados de la Cordillera dirigen gran parte de su lucha contra la minería al desmantelamiento del accionar de Barrick, y se centran particularmente en su proyecto Pascua Lama. Se trata de la compañía “emblemática” del sector, por su forma de operar en Chile y Argentina, y también a nivel internacional, aseguró Ferreyra.
“No es menor parar Pascua Lama, para tener una resistencia clara a la actividad minera en general”, consideró la integrante de Barrios de Pie-Libres del Sur.
Ferreyra se refirió también al papel que ha jugado el gobierno argentino en los últimos años en el sector de la minería. Si bien reconoció que ha habido una intención de recuperar control sobre recursos estratégicos y que se empieza a debatir sobre los impuestos que deben pagar las grandes empresas, aclaró que falta mucho por recorrer.
“Han habido algunas iniciativas, pero el tema minero nos parece que está intacto desde la década del 90, y si se mueve un milímetro la situación actual será por una resistencia muy fuerte”, dijo la activista. “Hasta ahora no vemos grandes voluntades políticas para modificar las medidas impuestas en aquellos años”, consideró.
Los proyectos mineros se han estado estableciendo en zonas donde es importante la actividad agrícola, aunque con diversos grados de desarrollo. Según contó Ferreyra, en San Juan la actividad vitivinícola es tradicional y forma parte de la identidad de su pueblo, pero se ve amenazada por la abusiva utilización del agua, fundamental para la producción, por parte de las corporaciones mineras.
“En San Juan y en La Rioja (provincia vecina), todos los productores rurales tienen que pagar el derecho al agua en función de la cantidad de hectáreas que tengan sus campos, y eso es una habilitación que otorga el gobierno provincial por la escasez del recurso. Como estas empresas han negociado con los gobiernos la cantidad de agua necesaria para sus emprendimientos, reducen al mínimo lo que se puede otorgar al sector agrícola”, explicó Ferreyra. www.ecoportal.net
La entrevista de Raquel Schrott y Ezequiel Miodownik a Silvia Ferreyra se enmarca también en su trabajo para el Programa Argentina Sustentable (PAS).
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