Minería: el nuevo conflicto de Cristina con los gobernadores K

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Otro frente de batalla está latente para la gestión K: las retenciones a la minería. El dilema de los gobernadores y la situación en las provincias, las similitudes con el conflicto del campo y la posición de las empresas mineras. La mediación de Julio De Vido



El conflicto es inminente. Es que el tema de las retenciones está por estos días en el ojo de la tormenta y, luego de que este medio diera cuenta de los agujeros fiscales que actualmente ostentan las provincias producto de la mala distribución de los fondos que llegan a la Nación, aparece otro frente de batalla entre los gobernadores kirchneristas y la gestión de Cristina Kirchner. Esta vez se trata de la minería que, desde diciembre pasado, también paga un tributo para exportar y se le eliminaron las exenciones con las que contaban las empresas que se habían radicado en el país antes de 2002 (esto le permitiría recaudar entre 600 y 800 millones de pesos más anualmente). El esquema fue presentado por la secretaria de Comercio Interior encabezada por Guillermo Moreno, en conjunto con la Secretaria de Minería (cuyo titular es el ingeniero Jorge Mayoral) y la Dirección de Aduanas (cuando se encontraba Ricardo Echegaray). "El régimen de estabilidad fiscal para las inversiones mineras (...) requiere que la Secretaría de Minería califique qué proyectos, posiciones arancelarias y empresas se encuentran alcanzadas por el régimen (...) y en consecuencia, exentas, del pago de derechos de exportación", dijo Echegaray hace 3 meses en un comunicado para explicar los alcances de la Resolución. "La exención tributaria ha quedado sin efecto y la Aduana recobra la autoridad para (...) exigirle a las empresas el pago de los derechos de exportación que establece el régimen general (...) para estas operaciones: alícuotas del 5% o 10%", concluyó Echegaray. En rigor, no se trata de un nuevo impuesto. Algunas exportaciones mineras vienen pagando entre un 5 por ciento y un 10 por ciento de retenciones desde 2002, cuando Eduardo Duhalde retomó este sistema impositivo impulsado por la financiación de los Planes Trabajar en medio de la crisis. Pero el tributo se aplicaba sólo a las ventas de las empresas que recibieron la aprobación oficial para iniciar su proyecto luego de esa fecha. Las iniciativas anteriores eran las únicas exportaciones del país que no pagaban retenciones. Pero las medidas presentan las mismas contradicciones que las retenciones aplicadas al campo: a los pequeños productores no se los compensa por el impuesto. A esto hay que sumarle el grave problema de financiamiento que sufren. Y también se afecta a las grandes: desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) criticaron la decisión y advirtieron que podrían suspender las inversiones prometidas si les suben los impuestos. Inclusive algunas de las grandes empresas internacionales del sector, como las canadienses Meridian Gold y Barrick Gold, amenazaron con retirarse del mercado y no invertir más en suelo argentino. "Se ponen en riesgo inversiones por u$s 30.000 millones", insisten de la CAEM. Desde el gobierno argumentan que el régimen anterior permitió que estas compañías quedaran exceptuadas de pagarle al fisco 746 millones de dólares entre 2002 y 2007. La Ley de Minería En 1993 se les garantizó a las mineras estabilidad fiscal durante 30 años a partir de una iniciativa del entonces presidente Carlos Menem y el ex gobernador de La Rioja y ex secretario de Minería, Ángel Maza. Con la nueva disposición, todas las empresas, -independientemente del año en que hayan empezado a trabajar- pagarán retenciones de entre el 5 y el 10%, según el tipo de mineral. De esta forma, la Ley de Inversiones mineras (la 24196), que otorgó beneficios impositivos por tres décadas a las empresas mineras, la mayoría multinacionales. Entre los beneficios, se encuentra la amortización acelerada de Ganancias, y un tope máximo de 3% del valor del mineral puesto en boca de mina en calidad de retenciones. Según el artículo 8 de la Ley, “Los emprendimientos mineros comprendidos en el presente régimen gozarán de estabilidad fiscal por el término de treinta (30) años contados a partir de la fecha de presentación de su estudio de factibilidad”. Es decir, las empresas que desarrollen actividades mineras en el marco del presente régimen de inversiones no podrán ver incrementada su carga tributaria total. También, en el artículo 21 se especifica: “Los inscriptos en el presente régimen estarán exentos del pago de los derechos a la importación y de todo otro derecho, impuesto especial, gravamen correlativo o tasa de estadística”. Por este motivo, las empresas mineras, de no encontrarse una solución, podrían dejar de invertir a raíz de lo que consideran una “falta de seguridad jurídica” evidente. De hecho, una empresa catamarqueña, Minera Alumbrera (la principal exportadora de la provincia) anunció que presentará un recurso de amparo por la imposición de retenciones considerándolas anticonstitucionales ya que, como se dijo, la resolución del Ejecutivo desconoce la Ley de Minería. Las provincias Con la misma lógica que las retenciones al campo, los gobernadores kirchneristas intentan hacer equilibrio entre la demanda de más fondos a través de la Coparticipación Federal o bien que se eliminen las retenciones, que no son coparticipables, y se suban otros impuestos. Es el caso de San Juan, donde la Cámara Minera local propuso que en lugar de aumentar el cobro de retenciones mineras se suba el porcentaje del Impuesto a las Ganancias de modo que las provincias no se vean perjudicadas. Un caso complejo que llegó hasta el despacho del gobernador K José Luis Gioja y que promete afectar los índices de empleo y de inversión en su provincia. Es que, a pesar de haber ganado con el 60 por ciento de los votos, la minería ocupa un lugar central en la actividad económica de la región. En Catamarca se da una situación similar: el radical K Eduardo Brizuela del Moral se encuentra entre dos espadas. Es que las retenciones le asestaron un duro golpe a las finanzas catamarqueñas que a raíz de esta medida verán disminuir en millones los ingresos por utilidades de la empresa Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD) y regalías. Las primeras empresas fuertes que salieron a criticar la medida fueron Minera del Altiplano y Minera Alumbrera. Además, se derrumbarán también las cifras de las regalías que abonan las empresas a la Provincia, un 3 por ciento del valor "boca mina" del mineral extraído. En Mendoza también se ve afectada, en especial a las pequeñas empresas del sector. Por eso, el gobernador K Celso Jaque también está complicado. De hecho, ya comenzó una ronda de reuniones con algunas empresas mineras para intentar apaciguar los ánimos. Aunque les habría asegurado que intentará realizar gestiones para destrabar el conflicto con el gobierno nacional. Al respecto, Cayetano Fusari, delegado de la Secretaria de Minería en Mendoza y geólogo explicó en diálogo con La Política Online los alcances de la medida del gobierno nacional: “La minería tiene estabilidad fiscal teóricamente. Es decir, todos los proyectos que tienen aprobado un estudio de factibilidad y están inscriptos en la Ley de Inversiones Mineras tienen estabilidad fiscal. Esto supone que de acuerdo al momento que se le dio estabilidad fiscal tienen retenciones o no”. ¿Pero qué ocurre con la Ley de Inversiones Mineras? Teóricamente no se puede modificar. Lo que salió es una resolución posterior a fines del año pasado de la Dirección de Aduanas, la secretaria de Comercio Interior y la Secretaria de Minería en la cual están aplicando retenciones de entre 5 y 10 por ciento a todo tipo de productos. ¿Pero este impuesto a la exportación no influye fuertemente en la rentabilidad? Con las retenciones que se aplican hoy en día y el precio de los commodities influyen en la inversión económica pero sigue siendo rentable. ¿Cómo afecta al empleo esta medida? La minería tiene un efecto potencial muy grande en cuanto a la generación de puestos de trabajo. El empleo directo de la minería, los que trabajan en cantera o planta molienda, y después tiene un efecto multiplicador con las empresas de servicios. La mayoría de los minerales industriales de la provincia los producen empresas Pymes. Algunas muy chicas de carácter familiar hasta sociedades anónimas como pueden ser las cementeras. Hay un espectro de pequeñas empresas donde trabaja la familia y un par de obreros hasta las Pymes de sociedades anónimas. ¿Y cómo están los pequeños productores con las nuevas medidas? En este momento los precios de mercado son bastante buenos y por ahora se las arreglan, pero siempre tienen problemas de financiamiento. Es muy difícil para un pequeño productor alcanzar un crédito bancario porque las condiciones que le exigen son difíciles de cumplir. Encuentros con De Vido Mientras tanto, representantes del sector comenzaron hace algunos meses rondas de negociaciones por el tema. De parte del gobierno el ministro de Planificación, Julio De Vido, se puso al frente e intentó apaciguar los ánimos. Luego de meses sin diálogo, se abrió la mesa de negociación. Lo cierto es que hasta hora se acordó que el tema desaparezca de los diarios (iniciativa exitosa hasta aquí) y que no haya voces discordantes hasta que la “mesa” termine de ajustar un nuevo mapa para el sector. Mientras tanto, el conflicto sigue abierto ya que, luego de las medidas de Martín Lousteau para los pequeños productores del campo (entre otras los subsidios para fletes), los mineros estarían reclamando el mismo trato. De no solucionarse el tema, las más de 42.000 personas que trabajan en relación directa con el sector (y otras tantas indirectamente) se encontrarían en dificultades. Y ni el Indec podría disimular los datos de desempleo en las provincias afectadas.





Fuente: La politica